Los internautas están de enhoramala. Crecen los intentos de cercar la gratuidad de Internet, de vigilar y bloquear las descargas. Las últimas iniciativas del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y de la Unión Europea y una sentencia reciente en EE UU intentan marcar los límites a una realidad que hasta la fecha ha escapado a casi cualquier control.
Otros toman nota e intentan imitar el modelo.
La legislación constrictiva francesa, cuyo punto álgido ha sido el acuerdo sellado bajo el amparo Sarkozy para bloquear las descargas masivas, ha desatado la indignación de los internautas franceses hasta el punto de que han instaurado el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, como Día de Luto para Internet.
La regulación francesa, totalmente insólita en el Viejo Continente y que no hace sino imitar las durísimas normas que rigen en Estados Unidos, ha desatado una oleada de reacciones en España y en toda Europa en varios frentes. De un lado, la industria audiovisual y las sociedades de gestión de derechos de autor que han visto en el caso francés el ejemplo a seguir y exigen a sus respectivos gobiernos que promuevan una legislación similar para acabar con la piratería. La industria española ha sido la más beligerante y ha pedido al Gobierno que rescate un proyecto muy similar que estaba en su plan antipiratería. También ha habido reacciones similares en Holanda, Bélgica, Alemania y Dinamarca
Por otro lado, la de los millones de internautas que utilizan los programas de p2p (peer to peer) como eMule, Ares o bitTorrent que velan armas ante cualquier reglamentación que siga los pasos de la francesa. Y en medio de ambas los operadores de acceso a Internet (Telefónica, Orange, Ya.com, Jazztel, Ono, etcétera) que se lavan las manos y no quieren oír hablar de controles.
La Comisión Europea también se ha unido a la fiesta. La comisaría de Sociedad de la Información, Viviane Reding, anunciaba la pasada semana que quiere tener lista, a mediados de 2008, una propuesta de regulación para crear un mercado único de contenidos distribuidos a través de Internet, “incluyendo la subida y bajada de archivos”. ¿Establecerá esa norma limitaciones al hasta ahora mundo virgen de las descargas?
España no ha escapado al debate. Las sociedades de gestión de derechos, con la SGAE a la cabeza y la industria cinematográfica y discográfica quieren que desde el Gobierno, y a ser posible con la intervención del propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se impulse una legislación que permita, al menos, un control de las descargas y del p2p.
“El modelo francés es un buen camino a seguir, pero desgraciadamente en España hemos perdido todo el año 2007 porque nos hemos distraído con el tema del canon digital. Las compañías de acceso a Internet no tienen ninguna obligación como sí pasa en Francia, salvo que lo diga un juez. Por eso quizás España sea el país más pirata” dice José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), que vela por los intereses de la industria cinematográfica y de videojuegos.
España ocupa el primer lugar en Europa y en el mundo en descargas por Internet. El 58% de los usuarios españoles se bajan discos de la Red, y el 52% películas o videoclips, mientras que la media europea está en el 37% y el 20%, respectivamente, según un estudio de 2007 de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA)
Y ya sea por la pereza de ir al cine o por la impaciencia a que se edite en DVD, el caso es que los internautas españoles no sólo son los que más películas se descargan en todo el mundo sino los que antes lo hacen. Baste un ejemplo. De las diez películas de estreno más vistas, entre el 15 y el 21 de octubre (entre ellas, Shreck 3 y Transformers), el 18% del total de descargas se hicieron en España, según FAP
Los adictos al p2p son legión. Red.es estima que es una tercera parte de los internautas realiza descargas de películas, música y videojuegos en Internet, mientras que FAP cifra en 5,3 millones de internautas, el 14% de la población de 15 años o más.
¿En qué consiste el modelo francés? En primer lugar, es un acuerdo de cuarenta organismos que representan a los productores de música, a los artistas, a los responsables de los canales de televisión, a los suministradores de acceso a Internet, a toda la profesión cinematográfica así como a los ministerios de Justicia, Economía y Cultura.
La medida más importante es la creación de una autoridad independiente como responsable de la lucha contra la piratería. Ese organismo, a través de las operadoras de acceso a Internet, podrá enviar emails a los usuarios en los que se haya detectado una importante actividad de descargas. El primer correo será sólo para advertirle de la infracción que está cometiendo y los riesgos legales que corre si continúa su práctica. El segundo le comunicará una primera sanción y el tercero puede suponer el corte del acceso a Internet. Esa mecánica ha sido comparada a la del “permiso por puntos” para los conductores. El Gobierno galo se ha comprometido a que la ley sea votada antes de este verano, pero la autoridad de control no entraría en funciones hasta el 2009, informa Octavi Martí.
Sarkozy ha dio aún más lejos. En su “real revolución cultural” quiere imponer una tasa blanda que grave Internet y los móviles para sostener a la industria cultural.
El modelo francés no se podría aplicar ahora mismo, porque sería preciso cambiar la ley. Y es que las descargas y el p2p son completamente legales aquí. Como recuerda Carlos Sánchez Almeida, socio de un bufete especializado en asuntos de Internet, “no hay ni una sola sentencia condenatoria contra un particular por realizar descargas”. La circular de la Fiscalía General del Estado de mayo de 2006 ha servido de base para todas las sentencias judiciales absolutorias. Los internautas casi la recitan de memoria: “Las conductas relacionadas con la utilización de nuevas tecnologías, para la comunicación u obtención de obras protegidas, tales como las de colocar en la Red o bajar de Internet o las de intercambio de archivos a través del sistema p2p, sin perjuicio de poder constituir un ilícito civil, no reúnen, en principio, los requisitos para su incriminación penal si no concurre en ellas un ánimo de lucro comercial”.
Sánchez Almeida enumera las leyes que habría que modificar: “Controlar las descargas puede ser delictivo con la legislación actual. Para ello, habría que cambiar las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, la de Protección de Datos, y la recientemente aprobada de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas”.
Sánchez Almeida insiste en que ni siquiera los sitios que alojan enlaces (webmaster ) o redirigen hacia otros con contenidos de películas o música han sido condenados. El caso más paradigmático fue el de Sharemula.com. A mediados de 2006 se realizó una espectacular redada policial contra estos sitios de p2p, entre los que se encontraba Sharemula.com. Pero el juez ha desestimado. Actualmente existen una veintena de procesos judiciales abiertos contra estas webs.
Todo lo contrario opina la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Ha propuesto al Gobierno bloquear los accesos a los internautas que realicen descargas masivas pero se ofrecen a correr con los gastos y, en su caso, los daños y perjuicios, en caso de los tribunales le den la razón al internauta a posterior. “No se trata de un control, sino de un seguimiento. Es un procedimiento que los anglosajones llaman notice & take down (notificación y retirada). Es decir, que cuando tú le dices a un operador como Telefónica que hay un problema de descargas que afecta a los derechos de propiedad intelectual, éste tiene que analizar esa petición y, si procede, bloquear el acceso. España es el único país que para hacer eso precisa de una orden judicial”, asegura el presidente del consejo de dirección de SGAE, Teddy Bautista.
Las entidades como la SGAE consideran que el p2p es pura piratería. Según la estimación de la FAP, las descargas ilícitas en 2007 en España han alcanzado los 150 millones de películas, un 14% más que en 2006. En cuanto a música, el cálculo de la SGAE es que se descargaron más de 1.200 millones de canciones (tracks)
Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la patronal de las discográficas, señala con dedo acusador a las operadoras de telefonía: “Están muy cómodas con esta situación No tienen ninguna obligación. Vender gratis contenidos ilegales favorece su negocio de ADSL”.
Una opinión con la que coincide, aunque por muy distintas razones, el presidente de la Asociación de Internautas, Victor Domingo: “Si prohíben el p2p como ha pasado en Francia, al día siguiente se darían de baja de la banda ancha millones de internautas. Y eso lo saben las compañías telefónicas y el Gobierno”.
La criminalización de las descargas es un fenómeno insólito en Europa pero el pan de cada día en EE UU. La familia Santangelo, de Wappinger Falls, en el Estado de Nueva York, se ha convertido en un heroico símbolo de resistencia para los internautas. Robert Santangelo, de 16 años, ha presentado una demanda contra las mayores discográficas de EE UU acusándoles de “extorsión” y “conspiración para engañar a un jurado”. Robert es hijo de Patti, de 42 años, madre de cinco hijos que fue demandada en 2005 por compartir música en la Red. Atlantic Records ha demandado a la familia Howell, de Arizona, por haber usado en el pasado el programa Kazaa, aunque no habían hecho descargas. En los últimos años, las discográficas han presentado hasta 26.000 denuncias pero han obtenido sólo una condena, la de Jammie Thomas, una madre soltera de 30 años que tendrá que pagar 6.600 euros, por cada una de las 24 canciones que se descargó de la Red, informa David Alandete.
Sarkozy conoció a su novia Carla Bruni, furibunda enemiga del p2p, en la firma del acuerdo contra las descargas en noviembre pasado. Dicen que le quiere ofrecer en bandeja de plata la cabeza del p2p. “Regálale otro anillo, pero no apagues el eMule”, le piden los internautas.
Fuente: El País
